Por: Redacción enelAula
En el marco de una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, autoridades de universidades nacionales reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y alertaron sobre el deterioro de los salarios y los gastos de funcionamiento. El conflicto también atraviesa una instancia judicial.
La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales volvió a ocupar el centro de la agenda educativa. En Mar del Plata, rectores de distintas universidades reclamaron al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y advirtieron sobre el impacto que la pérdida del poder adquisitivo está teniendo en el sistema.
El planteo se produjo durante la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reunió en la ciudad a representantes de universidades nacionales de todo el país para avanzar en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto Universitario 2027.
La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, expusieron la situación presupuestaria y reclamaron que se recuperen los niveles de financiamiento perdidos en los últimos años.
Biasone explicó que el presupuesto universitario no puede analizarse únicamente como una cifra. Según señaló, aproximadamente el 92% de los recursos se destinan a salarios, mientras que el 8% restante debe cubrir gastos de funcionamiento, mantenimiento, becas, comedores y distintas políticas de bienestar estudiantil.
La rectora sostuvo que el objetivo no es simplemente conseguir un incremento presupuestario, sino recuperar el poder adquisitivo que tenía el sistema en noviembre de 2023. El planteo apunta así a recomponer la capacidad real de las universidades para sostener sus actividades.
Salarios y funcionamiento, en el centro del conflicto
Carlos Greco advirtió que la pérdida salarial tiene un impacto directo sobre la calidad del trabajo universitario. Según explicó, luego de un aumento del 21%, que consideró parcialmente cumplido, todavía persiste una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo. A esto se suma el deterioro de los recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El rector también señaló que las universidades intentan compensar parte de las dificultades mediante recursos propios y esfuerzos internos, pero que esas estrategias tienen un límite. El problema, sostuvo, es que cuando los recursos no alcanzan comienza a deteriorarse la calidad de las actividades académicas, científicas y de extensión.
El reclamo también está relacionado con el crecimiento de la matrícula universitaria. Greco señaló que la cantidad de estudiantes aumentó más que el presupuesto nominal destinado al sistema, lo que genera una presión adicional sobre las instituciones.
Una disputa que llegó a la Justicia
La discusión presupuestaria se desarrolla paralelamente a un conflicto judicial entre las universidades y el Gobierno nacional por la aplicación de la Ley 27.795.
El juez federal Martín Cormick convocó a una audiencia para intentar acercar posiciones entre el Gobierno nacional, la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Interuniversitario Nacional. La instancia se produjo después de que la Corte Suprema dejara firme una medida cautelar que ordena avanzar con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
Desde las universidades sostienen que el cumplimiento de la ley debe contemplar no solamente los salarios y las becas, sino también los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios y las actividades de investigación, ciencia, tecnología y extensión.
El próximo escenario: el Presupuesto 2027
La reunión realizada en Mar del Plata tendrá continuidad en septiembre. El anteproyecto elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos del CIN será presentado ante los rectores durante el plenario previsto para los días 3 y 4 de septiembre en Bariloche y posteriormente será elevado al Poder Ejecutivo.
De esta manera, el conflicto universitario continúa abierto y combina tres dimensiones: la discusión por los salarios, la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de las instituciones y la disputa por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para los rectores, el debate excede una discusión coyuntural sobre números. Consideran que el financiamiento determina la capacidad de las universidades para sostener la enseñanza, la investigación, la extensión, las políticas de inclusión y el acceso a la educación superior.
Fuente: Portal Universidad, Universidad Nacional de Mar del Plata.
