Por: Cristian López
Lic. en Comunicación Social y Profesor de Historia
Ana María Cabanellas, abogada, editora y escritora, y una de las referentes de la industria editorial argentina. Habló con enelAula sobre la Ley del Libro, el precio fijo, el futuro de las librerías independientes y la diversidad de títulos que llegan a los lectores.
Al frente del Grupo Claridad, que reúne distintos sellos editoriales, ha desarrollado además una extensa trayectoria vinculada al mundo del libro, tanto en Argentina como a nivel internacional.
Actualmente es vicepresidenta de CADRA, responsable de Relaciones Internacionales de la Fundación El Libro, consejera honoraria de la Cámara Argentina del Libro y presidenta del Comité Latinoamericano de IFRRO.
Después de todo lo que pasó, el Gobierno finalmente anunció que el proyecto que modificaba o derogaba la Ley 25.542 no va a ser tratado en el Congreso. ¿Cómo recibieron esta decisión desde la Fundación El Libro?
Las entidades del libro, todas ellas, han ido a visitar a gente del Senado, de Diputados, a la Comisión de Cultura y al Ministerio que encabeza Sturzenegger, que fue el que creó este proyecto. Estamos todos muy contentos de que esta ley no se vaya a tratar en el Congreso
La Fundación El Libro es una entidad que reúne a distintas entidades del sector: escritores, gráficos, libreros y editores, y nosotros fuimos la cara visible frente a los lectores porque organizamos la Feria del Libro, cuyo lema originariamente era «del autor al lector», pasando por todas las etapas.
Este proyecto ya había aparecido en la primera ley ómnibus, con un artículo que derogaba la Ley 25.542, también conocida como Ley de Defensa del Sector Librero o Ley de Precio Fijo. En aquella oportunidad el Congreso no aprobó ese artículo y ahora intentaron nuevamente. Incluso plantearon también reformar la Ley 25.446, de Fomento del Libro y la Lectura, que establece que el libro es un bien cultural de interés nacional. Esa norma, aunque no está reglamentada, funciona como un paraguas jurídico para defender políticas sectoriales.
Aparentemente, ahora no se va a tratar en el Congreso el artículo que deroga la Ley 25.542.
¿Sentís que esto fue una marcha atrás del Gobierno frente a la reacción que hubo de libreros, editores y lectores?
Las entidades del libro hicieron un trabajo muy fuerte ante diputados, senadores, la Comisión de Cultura y el Gobierno. Hubo una repercusión muy importante en el periodismo, en los lectores y entre los escritores, y todos estuvimos en la misma sintonía.
Hubo una movilización bastante fuerte del sector. ¿Cuánto pensás que influyó esa reacción para que el proyecto finalmente no avanzara?
Fue muy importante el trabajo realizado en las redes por lectores, editoriales y autores. Muchos autores de distintas partes del mundo hicieron publicaciones porque, aunque sean de Estados Unidos, España, Portugal o China, sus libros se venden acá. Fue algo que nos unió colectivamente, sin diferencias, y tuvo una gran repercusión en el periodismo y entre los lectores.
Para alguien que no conoce la ley, ¿qué es lo más importante que protege hoy la Ley del Libro y qué habría cambiado concretamente si se la derogaba?
A partir de esta ley, el libro tiene el mismo precio en cualquier lugar del país: desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, el precio lo establece el editor. La ley se hizo hace muchos años para defender a las librerías frente a situaciones en las que los supermercados compraban grandes cantidades de ejemplares y los vendían a pérdida como una forma de atraer clientes.
La ley fue pensada para defender al sector librero, pero en realidad también defiende al lector. Un supermercado, por ejemplo, va a vender determinados bestsellers, pero no necesariamente un diccionario jurídico o un libro muy específico. El editor puede ganar menos con los bestsellers porque se compran en cantidad, pero esa situación se compensa con otros títulos. Sin esa protección, esos otros libros podrían encarecerse o directamente dejar de publicarse.
También se necesitan librerías donde vender libros específicos. Por ejemplo, los libros jurídicos no se venden solamente en cualquier librería y cada vez quedan menos librerías jurídicas en el país.
El argumento del Gobierno era que, eliminando la regulación, iba a haber más competencia y, por lo tanto, libros más baratos. ¿Por qué ustedes sostienen que eso podía terminar perjudicando al lector?
Hay que preguntarse qué libros serían más baratos: los que venda el supermercado o las grandes cadenas, que pueden comprar grandes cantidades. En las librerías, los libros son consignados y el librero trabaja con su margen. Un supermercado que compra mil ejemplares puede llegar a un acuerdo con el editor; un librero que recibe cinco ejemplares en consignación no tiene esa capacidad.
El precio del libro tampoco se fija alegremente. Se establece teniendo en cuenta el valor del dólar, que influye en el costo del papel y de las tintas, además de la imprenta, el armado, el diseño, la tapa y los impuestos. Todos esos costos pesan en el precio final.
Los márgenes no pueden ser muy altos porque, si el libro se encarece demasiado, no llega al lector. De hecho, el libro en los últimos años no ha subido con la inflación: se ha quedado atrás de la inflación. Un libro para la escuela primaria no es un lujo, y un libro de lectura es un placer, pero en un momento en que la gente restringe sus gastos, el libro también sufre.
Hay una cuestión que aparece mucho en esta discusión: el precio uniforme del libro. ¿Por qué es tan importante que un mismo libro tenga un precio de venta similar en una librería independiente, en una cadena o en una plataforma grande?
La razón es evitar que una empresa con una capacidad de compra enorme pueda utilizar determinados libros como llamadores y venderlos por debajo de su costo, algo que una librería pequeña no puede hacer. La ley permite que el libro tenga un precio uniforme y que la competencia no se dé exclusivamente por quién puede resignar más margen.
¿Qué podría haber pasado con las librerías independientes si se eliminaba ese sistema de precio uniforme? ¿Realmente podían competir en igualdad de condiciones con las grandes cadenas y las plataformas?
No, no podían competir por precio. Puedo contar lo que pasó en Inglaterra cuando se canceló el acuerdo que tenían: desaparecieron unas 800 librerías y las dos grandes cadenas comenzaron a abrir sucursales y a competir entre ellas. Al pelear por quién bajaba más los precios, una de las cadenas terminó quebrando y quedó una sola.
Recién 15 o 20 años después comenzaron a surgir nuevas librerías más especializadas. Por ejemplo, aparecieron librerías dedicadas específicamente a guías de turismo. Las cadenas llevan principalmente bestsellers; no llevan los libros específicos.
¿El riesgo era que algunos libros efectivamente bajaran de precio, pero que al mismo tiempo desaparecieran librerías y se redujera la variedad de libros disponibles?
Sí. El problema no se ve solamente en el precio que paga el lector, sino también en qué libros llegan a estar disponibles. Si cierran las librerías pequeñas, los libros que no comercializan las grandes librerías dejan de comercializarse.
Una librería tiene una capacidad física limitada. Si una editorial publica una nueva edición de El Principito, por ejemplo, una librería puede decidir que ya tiene varias versiones y que no le interesa incorporar otra. Entonces la editorial tiene que buscar otras bocas de venta para colocar ese libro.
Esto se nota todavía más en las librerías del interior por el costo de los fletes. Actualmente se hacen acuerdos con esas librerías: cuando reciben el libro pagan el flete, pero cuando lo devuelven el costo lo asume el editor. Sin precio fijo, esos costos podrían trasladarse de otra manera al lector.
Porque quizás el problema no se ve solamente en el precio que paga el lector por un libro, sino en qué libros llegan a estar disponibles para ese lector. ¿Es así?
Exactamente. Dentro del mundo del libro hay muchos nichos. Hay mercado para la historia, para la filosofía y para muchos otros tipos de libros, aunque no sean grandes bestsellers. Hay lectores que siguen a un autor o buscan un determinado tipo de lectura. Si el mercado decide exclusivamente por volumen y precio, esos nichos corren el riesgo de quedar relegados.
Vos tenes además una mirada muy particular porque estás en la Fundación El Libro, pero también dirigís el Grupo Editorial Claridad. Desde ese otro lugar, ¿qué habría significado concretamente para una editorial como Claridad la eliminación de la ley?
Nosotros vendemos a muchas librerías especializadas. No tanto los sellos Claridad, Una Luna y Tobogán, que son infantiles, o algunos títulos de Claridad que son mucho más específicos y necesitan canales determinados para venderse.
Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay librerías que llevan los títulos más importantes y otras que llevan todo el catálogo. Una librería de cadena suele llevar los libros más importantes, pero no todo el catálogo, justamente porque tiene una capacidad física limitada.
¿Cuánto margen tiene hoy una editorial para absorber una guerra de precios con una empresa mucho más grande?
No tiene margen. Es imposible. El precio del libro se fija teniendo en cuenta el valor del dólar, el costo del papel, las tintas, la imprenta, el armado, el diseño, la tapa, los impuestos y otros costos.
Además, cuando un libro está en dominio público, aunque no haya que pagar derechos al autor o a sus descendientes, existen otros costos, como el porcentaje correspondiente al Fondo Nacional de las Artes. Todos esos elementos pesan sobre el precio final.
El descuento promedio que hacemos en mi editorial a las librerías es de alrededor del 45%. De lo que queda, hay que pagarle al autor y producir el libro. El editor no es solamente un puente entre el autor y la imprenta: hay un trabajo en el medio que tiene un costo y lleva tiempo. Hay que vender muchos libros para poder mantener una editorial.
Y pensando en los libros que no necesariamente son grandes éxitos comerciales, ¿qué pasa con esos títulos si el mercado empieza a decidir exclusivamente por volumen y precio?
Son dos mercados. El que decide exclusivamente por volumen y precio no es un verdadero lector, sino un lector pasatista. En cambio, un lector elige al autor que le gusta, lo sigue o busca el tipo de libro que quiere leer.
Yo publico muchos libros de historia y hay un mercado para la historia, así como hay un mercado para la filosofía. No necesariamente son los mismos lectores. Hay muchos nichos dentro del mundo del libro.
Entonces, ¿la discusión sobre la Ley del Libro es solamente económica o también estamos hablando de una política cultural?
Creo que en el caso de esta ley hay una idea de que todo tiene que manejarse por el libre mercado, que cada uno pueda poner el precio que quiera y que molesta que exista un precio fijo.
Pero no es solamente una cuestión argentina. En España y Portugal, en los últimos años, el mercado del libro creció dentro de la Comunidad Europea y ambos países tienen precios fijos. Francia tiene 3.000 librerías y también tiene precio fijo. La gente compra por Amazon, en grandes cadenas y en supermercados, pero respetando el precio fijo.
Después de todo este conflicto, ¿crees que la Ley 25.542 está bien como está o necesita ser actualizada?
Estaría bueno actualizarla para tener una legislación más específica. Por ejemplo, los libros digitales no están contemplados en la ley, aunque nosotros aplicamos la misma norma: el editor establece un precio y los sitios digitales deberían venderlo al mismo precio.
También sería bueno contemplar determinadas fechas especiales, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, Navidad o Reyes, en las que podrían hacerse ofertas especiales. Eso actualmente no está contemplado de esa manera. La ley establece determinados descuentos, como el 10% en ferias y los descuentos para el Estado, bibliotecas y escuelas, además de beneficios específicos para maestros y bibliotecarios.
Y ahora que el proyecto quedó afuera del Congreso, ¿qué debería hacer el sector editorial? ¿Sentarse a esperar que el tema vuelva a aparecer o aprovechar este momento para discutir qué política del libro necesita la Argentina para los próximos años?
Siempre estamos tratando de llegar al Congreso y proponer nuevas leyes. No siempre es posible ni factible, porque hay que encontrar un diputado o un senador que quiera llevar el proyecto.
Muchas veces un proyecto llega muy bien al Congreso y en el camino algo cambia. Por ejemplo, hubo una disposición por la cual los editores no pagan IVA por los libros, pero los insumos utilizados para producirlos sí tienen IVA. En un momento se permitió descontar ese IVA y estaban incluidas las librerías. Alguien modificó el texto antes de la votación y cambió librerías por distribuidoras. Pero las librerías no son distribuidoras: pagan alquiler e IVA como cualquier otro comercio, pero para ellas esos IVA son costos.
También faltan políticas públicas para que crezca el acervo de las bibliotecas. Muchas veces se crea una biblioteca, se consigue el espacio, las sillas y las mesas y después se les pide a las editoriales que donen los libros. Eso no puede ser así, porque el editor también tiene que vivir de su trabajo.
Hubo una experiencia muy buena con compras para bibliotecas a través de Conabip, que permitía que los bibliotecarios eligieran los libros que necesitaban. Sería importante que existieran más políticas de ese tipo.
Por eso estoy muy contenta de que el Gobierno haya dado marcha atrás con esta modificación. Me pareció impresionante el trabajo que hicieron las redes, los lectores, las editoriales y los autores. Fue algo que nos unió colectivamente.
