Por: Redacción enelAula
El nuevo protocolo porteño propone involucrar a toda la comunidad educativa en el cuidado de las escuelas. La iniciativa busca formar hábitos, pero abre una discusión sobre los límites entre participación y obligaciones estatales.
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires presentó un nuevo “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, que establece pautas para que estudiantes, docentes, directivos y personal escolar participen del orden, la limpieza y el cuidado cotidiano de las escuelas. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.
Según el protocolo, al finalizar cada jornada las aulas, patios, comedores y espacios comunes deberán quedar limpios, ordenados y en condiciones adecuadas. Los estudiantes tendrán que cuidar el mobiliario y evitar daños en paredes, baños y espacios verdes, mientras que los docentes acompañarán la construcción de estos hábitos y los equipos directivos estarán a cargo de implementar las nuevas pautas.
La iniciativa incluye propuestas como los “Embajadores del cuidado”, mediante los cuales cada curso asumirá de manera rotativa la tarea de verificar un sector de la escuela, y los “Últimos minutos para el cuidado del espacio”, destinados a revisar el lugar utilizado antes de terminar una actividad o la jornada. También prevé estaciones ambientales, campañas de despapelización, huertas, murales estudiantiles y acuerdos de cuidado elaborados junto con los alumnos.
El planteo parte de una idea difícil de discutir: la escuela es un espacio compartido y enseñar a cuidarlo también puede formar parte de la educación. Promover hábitos de responsabilidad, respeto por lo común y participación de los estudiantes puede fortalecer el sentido de pertenencia. La discusión aparece, sin embargo, cuando ese principio se extiende desde el cuidado cotidiano hacia la reparación y el mantenimiento de la infraestructura.
El nuevo marco establece que determinados daños intencionales que no requieran una intervención urgente podrán ser abordados por la propia comunidad educativa. Ante grafitis, roturas de mobiliario, puertas o daños en baños, por ejemplo, el equipo de conducción junto con la cooperadora deberá elaborar una estrategia para reparar o subsanar el problema. Entre las posibilidades se contemplan jornadas de reparación y recuperación con participación estudiantil.
Es allí donde el límite entre educar para el cuidado y trasladar responsabilidades se vuelve menos claro. Que un estudiante ordene el aula que utilizó, cuide un banco o participe de una propuesta ambiental tiene un evidente sentido pedagógico. Distinto es preguntarse quién debe garantizar que el edificio escolar, su mobiliario y sus instalaciones se encuentren y permanezcan en condiciones adecuadas.
Las cooperadoras y las familias ya tienen una presencia histórica en la vida cotidiana de muchas escuelas: organizan actividades, reúnen fondos y colaboran frente a distintas necesidades. El nuevo protocolo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede la limpieza de un aula: hasta dónde debe llegar esa participación comunitaria y qué responsabilidades no pueden dejar de estar en manos del Estado.
El desafío, entonces, será que la denominada “cultura del cuidado” no termine confundiendo dos planos diferentes. Enseñar a cuidar lo público puede ser parte de la formación de niños y jóvenes. Garantizar edificios seguros, mantenidos y en condiciones para enseñar y aprender sigue siendo una responsabilidad central de la gestión educativa.
