Por: Cristian López.
Lic. en Comunicación Social, Prof. de Historia
Los episodios de agresión a docentes, directivos y preceptores se multiplican en distintos puntos del país. La violencia no puede naturalizarse, pero tampoco puede analizarse sin preguntarnos qué está pasando con los vínculos que sostienen la vida escolar.
En las últimas semanas, distintas noticias ocuparon titulares que hace algunos años habrían parecido excepcionales: padres que golpean a docentes, alumnos que agreden a directivos, amenazas dentro de las escuelas, denuncias cruzadas y comunidades educativas atravesadas por el conflicto permanente.
La sucesión de episodios genera una sensación inquietante. No se trata de hechos aislados. Tampoco de una simple casualidad estadística. Algo está ocurriendo en la trama social que inevitablemente termina ingresando las aulas.
Como docente, me preocupa profundamente que la escuela esté dejando de ser percibida como un espacio de encuentro, para convertirse, en muchos casos, en un escenario de confrontación. La violencia aparece cuando fracasa la palabra, cuando desaparece la confianza y cuando los desacuerdos ya no encuentran canales para expresarse de manera democrática.
Pero sería un error reducir el problema a una disputa entre estudiantes, familias y docentes. La violencia tiene múltiples rostros. Existe la agresión física y verbal, visible y condenable. Sin embargo, también existe una violencia más silenciosa que se instala en las instituciones: la humillación, el destrato, los gritos, la descalificación permanente y el abuso de poder.
Por eso resulta significativo que entre las noticias recientes también aparezcan denuncias contra una directora acusada de gritar a estudiantes y empujar un banco durante una discusión. Si rechazamos la violencia de alumnos y padres hacia los docentes, también debemos rechazar cualquier conducta autoritaria que provenga de quienes ocupan cargos de conducción. La coherencia es una condición indispensable para educar.
La escuela no puede exigir respeto si no lo practica. Pero tampoco puede construir convivencia cuando el respeto hacia sus trabajadores se desvanece.
Durante años se habló de la pérdida de autoridad docente. Tal vez la pregunta correcta sea otra:
¿Qué pasó con la autoridad de la palabra? ¿Qué ocurrió para que cada vez más conflictos terminen resolviéndose mediante amenazas, insultos o agresiones?
La escuela refleja a la sociedad. Cuando el debate público se llena de descalificaciones, cuando las redes sociales premian la agresividad y cuando la intolerancia se convierte en una forma habitual de comunicación, es ingenuo pensar que las instituciones educativas quedarán al margen.
Sin embargo, la escuela tiene una responsabilidad diferente. Debe ser uno de los pocos lugares donde todavía sea posible aprender a convivir con quienes piensan distinto. Debe enseñar que el desacuerdo no convierte al otro en un enemigo.
Hay otro aspecto que merece atención. Cada vez que ocurre una agresión en una escuela, la discusión pública suele concentrarse en identificar culpables. Se responsabiliza a las familias, a los docentes, a los equipos directivos, a las políticas educativas o a las nuevas generaciones. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar qué nos están diciendo estos episodios acerca de la sociedad que estamos construyendo.
La violencia escolar no nace en la escuela. Llega a ella. Ingresa todos los días a través de discursos, ejemplos, prácticas sociales y formas de relacionarnos. Los estudiantes observan cómo los adultos resuelven sus diferencias. Escuchan los debates políticos, consumen contenidos en redes sociales y viven experiencias familiares y comunitarias que moldean su manera de interpretar los conflictos.
Cuando la agresión se convierte en una respuesta habitual en la vida pública, es difícil pedirle a la escuela que funcione como una isla de cordialidad. Sin embargo, esa dificultad no la exime de su responsabilidad. Por el contrario, la obliga a redoblar esfuerzos para sostener espacios de diálogo, participación y construcción colectiva.
También resulta necesario preguntarnos qué lugar ocupa hoy el docente en el imaginario social. Durante décadas la figura del maestro o profesor representó una referencia de autoridad y reconocimiento comunitario. Esa imagen no desapareció por completo, pero sí se encuentra atravesada por cuestionamientos permanentes, muchas veces legítimos y otras veces injustos. El problema aparece cuando la crítica se transforma en descalificación sistemática y cuando cualquier desacuerdo es interpretado como un motivo suficiente para la confrontación.
Defender a los docentes de las agresiones no significa considerarlos infalibles. Significa reconocer que ninguna tarea educativa puede desarrollarse en un clima de miedo, amenazas o violencia. Del mismo modo, defender los derechos de los estudiantes no implica tolerar situaciones de maltrato o abuso de autoridad. Ambas posiciones son compatibles porque parten de un mismo principio: la dignidad de las personas debe estar por encima de cualquier conflicto.
Quizás una de las consecuencias más preocupantes de este escenario sea el desgaste emocional que produce en quienes habitan diariamente las instituciones educativas. Docentes, directivos, preceptores y equipos de orientación trabajan cada vez más tiempo gestionando conflictos que enseñando, acompañando o construyendo proyectos pedagógicos. La escuela corre el riesgo de quedar atrapada en una lógica defensiva, preocupada por contener crisis permanentes en lugar de concentrarse en su misión educativa.
Y cuando eso ocurre, la violencia ya no afecta solamente a las personas involucradas en un episodio particular. Termina afectando al conjunto de la comunidad educativa y empobreciendo la experiencia escolar de todos.
Ninguna agresión a un docente puede justificarse. Ningún estudiante debe ser humillado. Ninguna familia debería recurrir a la violencia para resolver un conflicto escolar. Ninguna autoridad educativa puede ampararse en su cargo para maltratar.
La salida no pasa por buscar culpables únicos. Pasa por reconstruir los vínculos que sostienen a las instituciones educativas. Porque cuando la violencia entra por la puerta de la escuela, pierde el docente, pierde el estudiante, pierde la familia y pierde la sociedad entera.
Quizás esa sea la señal más alarmante de todas: cuando la escuela, que debería enseñar a convivir, comienza a parecerse demasiado al mundo que intenta corregir.
